“Mariela no es tan feliz”

Doble Discriminación: por ser mujer y por tener una discapacidad. Las escuelas no son accesibles y los maestros las rechazan, porque no se consideran capacitados para atenderlas.

Por Janeth Chávez

Pese a que El Salvador ratificó en el 2015 la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, aún se sigue a la espera que se dé el cumplimiento, para que miles de personas con distintos tipos de capacidad gocen de sus derechos como cualquier otra persona.

Se está a la espera que el nuevo gobierno, el cual entró en funciones en junio de 2019 presente cuál será su política de atención a este sector.

En mayo del 2000 se decretó la Ley de Equiparación de Oportunidades para las personas con Discapacidad en EL Salvador (LEOPCD), la cual tiene como objetivo promover, proteger y garantizar que se cumplan sus derechos, en 2007 se firmó la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que busca los mismos objetivos, aunque cuando esta convención se firmó por más de 170 países a nivel mundial, nuestro país impuso una reserva en la cual el decidiría si cumpliría o no con dicha ley, para el 2015 dicha convención fue ratificada por el gobierno y gracias a gestiones de David Reyes, diputado por la fracción de ARENA se logró que se retirara la reserva que existía, lo que significa desde esa fecha el estado tiene la obligación de cumplir y realizar las gestiones necesarias para garantizar los derechos del sector, sin embargo, hasta la fecha la deuda continua, y las ONGs que apoyan al sector continúan realizando incidencia para que dichas leyes se cumplan en su totalidad y no se siga vulnerando los derechos humanos de este sector.

Pero lamentablemente para las mujeres con discapacidad la situación se vuelve más difícil, pues por ser mujer y tener una discapacidad se le discrimina doblemente tal como nos explica Tania Dubón Licenciada en Psicología y especialista en temas de niñez, juventud y mujeres “siempre se ha tenido a la mujer menospreciada y relegada a cumplir ciertos roles en la casa, como una cuidadora por ejemplo, o como la que sólo la que hace tareas para mentes débiles, y más conceptos denigrantes. Entonces si a eso le sumamos la poca educación que todas las personas tienen con respecto al tema de discapacidad, esto contribuye aún más a que dé como resultado una sociedad que discrimina a las mujeres con discapacidad”.

Hasta el año 2018 se contabilizaban 6.643,000 ciudadanos, y en base a estadísticas de la Organización Mundial de la Salud se menciona que en El Salvador el 13% de la población tiene alguna discapacidad, pero también dice que, debido a los altos índices de violencia y accidentes de tránsito en el país el porcentaje aumenta al 15%, lo que significa que 996,450 personas tienen algún tipo de discapacidad, y aunque existe el Consejo de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), y su misión es “ser el ente rector que coordina, monitorea, vigila y supervisa el cumplimiento de la normativa nacional e internacional para el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad en El Salvador”, no cumplen en su totalidad este mandato debido a las restricciones que tienen, además no cuenta con los fondos suficientes para brindar un apoyo real, porque el 75% de su presupuesto es utilizado para pagar salarios, lo que muestra el poco apoyo que ha venido recibiendo por parte de los gobiernos anteriores. El total percibido en 2017, 2018 y 2019 fue de $456,270 por año para su presupuesto, lo que muestra que no ha existido un incremento en los últimos 3 años.

Sofía tiene 14 años, una sonrisa cautivadora, vive en una colonia de clase baja en la capital, está rodeada de una familia que la apoya, asiste a la escuela, excelente alumna, su nota promedio es de 8.5, su salud está en condiciones adecuadas y pronto comenzará el bachillerato.

Su vecina Mariela no es tan feliz, en su rostro se refleja su tristeza y frustración, vive con sus padres y hermanos, no recibe educación, ya que en una escuela fue rechazada por los maestros desde pequeña, no sabe leer, ni escribir, su madre y padre trabajan mucho, Mariela debe quedarse en casa a cuidar a sus hermanos, su salud está comprometida, ya que no existe un médico especialista que le brinde un seguimiento médico adecuado a su condición.

La vida de ambas niñas es completamente diferente, mientras Sofía tiene mucho apoyo de su familia y se le respeta sus derecho a la educación y salud, a Mariela se le niegan, fue discriminada por tener una discapacidad y no pudo acceder a la educación, los maestros informaron a sus padres que no estaban capacitados para atenderla; abonado a eso su salud no es examinada porque el centro médico no puede atenderla, ya que no cuentan con un servicio especializado… como ella existen muchos casos, de los cuales no se tiene una denuncia.

Se solicitó información a través de la plataforma de Acceso a la Información Pública al Ministerio de Educación sobre los casos de discriminación, en centros educativos de enero a octubre de 2019, ellos informaron que esos datos no han sido ingresados a la plataforma y no pueden brindar la información, nuevamente se solicitó información sobre casos atendidos en el año 2018 y la respuesta fue que nadie había interpuesto una denuncia, cuando varias organizaciones defensoras en temas de derechos humanos  han conocido de casos en los que no se ha recibido a niñas con discapacidad en las escuelas públicas, o han interpuesto denuncias en la Policía Nacional Civil y estas no han sido atendidas, especialmente en zonas rurales, así mismo se solicitó información al Ministerio de Salud y PNC sin embargo, al cierre de este reportaje no se recibió ninguna respuesta.

Fuente: CONAIPD

A través del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) se obtuvo información en la que expresan que han recibido 22 denuncias por parte de mujeres con discapacidad por discriminación, desde enero a la fecha, de igual forma el IDHUCA informó que, en los últimos 3 años, 6 mujeres con discapacidad interpusieron una denuncia, pero ninguna institución reveló sobre qué  fueron las denuncias y si recibieron algún tipo de apoyo debido a la confidencialidad de los casos.

Miembros de ONG´s comentan que “en áreas rurales de El Salvador es la familia en la mayoría de los casos quienes les frustran el desarrollo, ya que creen que hicieron algo mal y que por eso su hija, hermana, prima, sobrina, o nieta nació o adquirió una discapacidad, la comunidad los etiqueta como la familia a la que Dios está castigando porque son malas, lo que hace que muchas familias rechacen a la niña con discapacidad, no las atiendan/cuiden y no deseen que ella viva y sobre todo que muera pronto para que la comunidad los acepte y puedan continuar con su vida”.

También agregaron que “los centros de atención médica no cuentan con la capacidad de brindar una atención adecuada, ya que no existen médicos especialistas que sepan cómo manejar cada caso, las escuelas no son accesibles y los maestros las rechazan, atribuyendo que no están capacitados para atenderlas”.

Fuente: Centro Nacional de Registro de la Persona Natural 2018

La realidad es que, aunque existan leyes que protegen a las niñas, mujeres jóvenes y adultas con discapacidad estas no se cumplen, y muchas de ellas no denuncian ante a las autoridades porque al final tampoco se resuelve la situación, y piensan que solo perderán su tiempo, o en muchas ocasiones no creen que están siendo violentados sus derechos porque no lo consideran una discriminación, muchas desconocen sobre sus derechos humanos, ya que no son parte de una ONG o no se relacionan con otras personas con discapacidad.

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