“Rechazamos totalmente la resolución de la Cámara”

Posicionamiento de organizaciones internacionales que forman la alianza “Uniendo Fuerzas para poner fin a la violencia contra la niñez” ante la resolución de la Cámara Primera de lo Penal en relación al caso del magistrado Jaime Escalante, acusado de supuestos delitos contra una niña de 10 años

Cortesía de World Vision

Ante la resolución de la Cámara Primera de lo Penal al caso del Magistrado Jaime Eduardo Escalante, quien fue acusado de haber agredido sexualmente a una niña de 10 años, el pasado 18 de febrero de 2019 expresamos que:

Como organizaciones que trabajamos en fortalecer los mecanismos de protección para la niñez y adolescencia de El Salvador rechazamos totalmente la resolución de la Cámara, debido a que resolvió que los supuestos hechos realizados por el Magistrado Escalante no constituyen un “delito” sino más bien una “falta”, por tanto, la Cámara se declaró incompetente y declaró que el caso debe ser resuelto en un Juzgado de Paz.

Ante esto declaramos:

-Estamos en contra de cualquier situación y acción de maltrato y abuso realizado a una niña, niño o adolescente, sin importar la condición social.

-Trabajamos para erradicar cualquier forma de maltrato y/ o abuso hacia la niñez, incidiendo para articular esfuerzos y superar prácticas de abuso de poder que afectan directamente la integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes.

-Estamos a favor del pleno cumplimiento de la norma jurídica encaminada a la garantía de derechos de la niñez y principalmente al cumplimiento del interés superior por parte de las instituciones administrativas y judiciales.

-A 30 años de la conmemoración de la Convención sobre los Derechos del Niño, este tipo de resoluciones representa un retroceso para el país que ha avanzado en la regulación de normativas para la garantía de derechos y especialmente el “derecho al debido proceso”, según el art. 52 de la LEPINA, que manifiesta: “En cualquier procedimiento, judicial o administrativo, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al debido proceso, en los términos consagrados en la constitución de la República, en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico”.

Por tanto, exigimos:

  1. A la Cámara Primera de lo Penal que analice y resuelva jurídicamente aplicando la normativa internacional y nacional relativa a los derechos de la niñez y adolescencia, para evitar la plena contradicción a la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece en su artículo número 19, párrafo 1: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño/a contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño/a se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

También en el artículo 37, se refiere al derecho a la integridad personal: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, la cual comprende la integridad física, psicológica, cultural, moral, emocional y sexual…”

2. Al Estado Salvadoreño a cumplir la observación 5 del Comité de los Derechos del Niño sobre la “insuficiente aplicación de la LEPINA, en particular del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia, donde se recomienda al Estado parte que asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su aplicación y revise las disposiciones sobre los procedimientos administrativos y judiciales para garantizar el acceso de los niños y niñas a los servicios de protección y a la justicia”.

3. A la Fiscalía General de la República para que exija la apelación y que asegure una resolución con un enfoque de derechos humanos de la niñez, aplicando las leyes, sin importar la procedencia del abusador.

4. A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que vele por el pleno cumplimiento de las instituciones estatales y que sus respuestas estén encaminadas a la garantía de protección infantil.

5. Al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, desde su competencia a que continúe ejerciendo la plena vigilancia y la coherencia de las distintas políticas, decisiones y acciones, así como de las omisiones en que hubiesen incurrido los servicios públicos, así como emitir las recomendaciones pertinentes.

6. A la sociedad civil para que rompa paradigmas basados en el adulto-centrismo, de manera que se exija el cumplimiento de las normas regulatorias por parte de las instituciones judiciales. Hacemos el llamado a unirnos para que se realice un proceso justo, basado en un análisis jurídico para la protección de la niña y promover cero tolerancia al abuso contra niñas, niños y adolescentes.

San Salvador, 02 de noviembre de 2019

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